Una red regional en consolidación
Junio de 2025 ha sido un mes clave para el avance de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (PVSDH) en América Latina. Diversos Grupos de Trabajo (GT) de la región —en Colombia, Perú y Chile— han protagonizado una serie de encuentros de intercambio y coordinación que marcan un hito en la construcción de una agenda compartida, basada en el respeto a los derechos humanos en contextos empresariales complejos.
Los PVSDH, establecidos en el año 2000, son una iniciativa internacional que busca orientar a las empresas, especialmente en el sector extractivo, en la gestión de la seguridad pública y privada desde un enfoque de derechos humanos. Aunque no son de carácter vinculante, su adopción ha sido reconocida por organismos multilaterales y constituye hoy un estándar ampliamente aplicado en territorios de alta sensibilidad social y ambiental.
Tres países, una misma visión
Durante las últimas semanas, se celebraron reuniones bilaterales entre los GT de Lima, Cusco, Bogotá y Santiago, en las que se compartieron aprendizajes, desafíos y buenas prácticas. Estas instancias permitieron identificar sinergias y proyectar acciones conjuntas con miras a establecer una red latinoamericana que potencie la implementación efectiva de los PVSDH.
En el caso de Colombia, el Comité Minero Energético (CME) expuso su experiencia de más de dos décadas como plataforma multiactor, con una estructura formal que integra empresas, sociedad civil, academia, embajadas y organismos internacionales. “Nuestro enfoque es preventivo, colaborativo y orientado a fortalecer el respeto por los derechos humanos en toda la cadena de valor del sector minero-energético”, señaló Luz Stella Páez, directora ejecutiva del CME.
Desde Perú, el Grupo de Trabajo de Lima, coordinado por la ONG Desco, destacó su enfoque en incidencia política, formación y diálogo. “Llevamos 15 años impulsando los PVSDH desde un enfoque multiactor y articulado con los Principios Rectores de la ONU”, explicó Molvina Zeballos.
Por su parte, el GT de Cusco enfatizó su visión territorial, centrada en el trabajo directo con comunidades altoandinas. Su estructura flexible y su vínculo con la ONG Guaman Poma han permitido un abordaje más contextualizado de los desafíos en zonas mineras. “No replicamos el modelo de Lima, trabajamos desde el terreno, recogiendo demandas reales y generando propuestas de base”, afirmó Lucio Quiñones.
La articulación regional como oportunidad estratégica
Uno de los principales consensos surgidos de estas reuniones es la necesidad de fortalecer la cooperación regional. La creación de espacios de intercambio continuo, la elaboración de herramientas comunes y la organización de eventos conjuntos figuran entre los próximos pasos.
La Secretaría del Grupo de Trabajo en Chile, a cargo de la Fundación Empresas Indígenas, ha cumplido un rol clave en promover esta articulación. “Estamos construyendo una plataforma latinoamericana para compartir aprendizajes y avanzar hacia una gobernanza empresarial más responsable, basada en los derechos humanos”, señaló Venancio Coñuepan, director ejecutivo de la Fundación.
Más allá de los principios: una apuesta por el desarrollo sostenible
Los Principios Voluntarios no son solo una herramienta técnica. Representan una apuesta ética y estratégica por modelos de desarrollo que garanticen la seguridad de las personas, el respeto a los pueblos indígenas y la sostenibilidad de las inversiones. Su implementación requiere compromiso corporativo, voluntad política y una activa participación de la sociedad civil.
En América Latina, donde las industrias extractivas operan en contextos de alta conflictividad, la consolidación de grupos de trabajo multiactor, como los de Colombia, Perú y Chile, es un avance significativo. No solo contribuyen a reducir los riesgos de violaciones de derechos humanos, sino que también fortalecen la confianza, la transparencia y el diálogo social.
